| Caracas,
03/09/2010
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Golpistas hondureños deben ser juzgados por delito de homicidio frustrado
El embajador de la República de Honduras en Venezuela, Germán Espinal, quien además es abogado de profesión, sostuvo que el domingo 28 de junio se violaron los derechos humanos del presidente Zelaya y se cometieron múltiples delitos contra su persona, como privación de libre movilidad y privación de libertad, allanamiento de morada, secuestro, uso y abuso de la violencia desmedida y homicidio frustrado.
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Agencia Venezolana de Noticias (AVN) / 07-07-2009
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Durante el allanamiento de morada, que constituyó la acción militar donde se secuestro y posteriormente se expatrió al presidente legítimo de Honduras, José Manuel Zelaya, se atentó directamente contra la vida del Jefe de Estado, motivo por el que los golpistas y responsables del golpe militar deben ser llevados a una corte y juzgados por el delito de homicidio frustrado.
El embajador de la República de Honduras en Venezuela, Germán Espinal, quien además es abogado de profesión, sostuvo que el domingo 28 de junio se violaron los derechos humanos del presidente Zelaya y se cometieron múltiples delitos contra su persona, como privación de libre movilidad y privación de libertad, allanamiento de morada, secuestro, uso y abuso de la violencia desmedida y homicidio frustrado.
"Las balas disparadas en grandes cantidades contra la humanidad del presidente Manuel Zelaya se descargaron frontalmente, por eso se puede justificar el delito de homicidio frustrado. Se dispararon fusiles y armas de alto calibre, cuyas balas pasaron por encima de los hombros del Jefe de Estado", denunció.
Durante el foro Situación Política en Honduras, realizado este martes en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar, el embajador condenó el incumplimiento de la función pública de los cuerpos de seguridad y de mando del ejército que efectuó la operación.
"No hay acusaciones en contra de esos militares que violentaron los derechos humanos fundamentales del Presidente y decidieron, de manera arbitraria, expatriarlo a Costa Rica. Eso es una muestra de la impunidad existente en mi país", indicó Espinal.
Agregó que junto a otros juristas internacionales estudia la posibilidad de sustanciar estos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser parte de una negociación política.
"En la medida que haya agraviados civiles capaces de reclamar justicia, independientemente de los acuerdos a los que se lleguen en el plano político, no pueden negociarse y dejarse impunes estos delitos", explicó.
Aseveró que si realmente la Corte Suprema de Justicia de Honduras imputó al presidente Zelaya por ciertos delitos comunes, entonces el procedimiento debió haber sido el estipulado en el código procesal penal de su país.
"Dada su condición de Jefe de Estado, en primer lugar, debieron anteponer un prejuicio, que es una denuncia ante el Congreso, para así crear una instancia judicial que determine si realmente existen elementos delictivos o de ilícito que fundamenten el caso y la denuncia", argumentó.
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